Cadem Plaza Pública: Esta es la autoridad de Gobierno peor evaluada tras implicancias en Caso Monsalve

Durante la última semana de este mes de noviembre, la ministra del Interior, Carolina Tohá, sigue siendo la peor evaluada del gabinete, con un 37% de aprobación, según la encuesta Plaza Pública de Cadem, compartiendo este porcentaje con Nicolás Cataldo y Ximena Aguilera, quien también sufrió una caída de 10 puntos.

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En contraste, los ministros mejor evaluados continúan siendo Jaime Pizarro, con un 71%, y Carolina Arredondo, con un 59%. Además, se destacan los incrementos en la aprobación de Mario Marcel (49%, +2 puntos) y Luis Cordero (49%, +7 puntos).

Mientras que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, superó nuevamente el 40% después de seis meses, alcanzando un 43% de aprobación. Sin embargo, este resultado es 24 puntos inferior al que tenía en mayo.

En cuanto a la gestión del Presidente Gabriel Boric, un 26% aprobó su desempeño durante la tercera semana de noviembre, lo que representa una baja de 2 puntos respecto al mes anterior, mientras que la desaprobación aumentó a un 67% (+2 puntos).

Evaluación del Caso Monsalve

Respecto al caso Monsalve, el 40% de los encuestados considera que el retraso en la solicitud de renuncia de la exautoridad fue una estrategia para ocultar el caso. Un 32% cree que el Presidente necesitaba más información, mientras que un 16% piensa que la demora respondió a un intento de ganar tiempo hasta después de las elecciones. Solo un 10% opina que el Presidente creyó la versión de Monsalve.

En relación con las medidas judiciales, un 84% de los encuestados considera adecuada la prisión preventiva dictada contra la exautoridad, mientras que un 60% está de acuerdo con que “nadie está por sobre la ley”. Sin embargo, un 62% expresa desconfianza en el funcionamiento de las instituciones.

Por último, un 73% de los encuestados indicó que, cuando una persona es formalizada, su primera impresión es que es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Sin embargo, un 92% considera que la formalización afecta la reputación de la persona involucrada, incluso si posteriormente es declarada inocente. A pesar de esto, un 64% opina que no siempre una persona formalizada debe ser tratada públicamente como inocente, ya que esto depende de las circunstancias del caso.