Supuesto video de Cathy Barriga bailando en cárcel de San Miguel enciende alarmas por incumplimiento de protocolos al interior de centros penales

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, abordó la polémica generada por un video difundido en redes sociales que mostraría a una mujer bailando zumba en el patio del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, donde la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, cumple prisión preventiva desde el 12 de noviembre. “Desconozco los hechos en concreto, pero la ley prohíbe el ingreso y uso de teléfonos celulares al interior del establecimiento”, afirmó Cordero. Además, señaló que se investigará cómo se captó y divulgó el registro.

Desde Gendarmería explicaron que, al constatarse la divulgación de registros audiovisuales desde penales, se activan procedimientos para identificar la procedencia del video y los responsables del ingreso del dispositivo, lo que generalmente implica allanamientos. Estas medidas buscan reforzar los controles internos y sancionar a quienes incumplan las normas.

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El video en cuestión muestra a una mujer rubia con ropa rosa realizando una coreografía en un espacio decorado con banderas chilenas de plástico. Aunque las imágenes no permiten identificar con claridad los rostros, el registro desató un debate en redes sociales y levantó sospechas sobre el cumplimiento de los protocolos al interior del recinto penitenciario.

Barriga, quien fue formalizada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, está recluida en el módulo 2 de la cárcel de San Miguel. Comparte un dormitorio colectivo con otras 16 internas, entre ellas la abogada Leonarda Villalobos, también en prisión preventiva en el marco del caso Audio.

Gendarmería reiteró que el uso de teléfonos móviles está estrictamente prohibido dentro de los penales, salvo para casos autorizados. Ante la polémica, el organismo aseguró que intensificará los controles y revisiones al interior del recinto para evitar la repetición de incidentes similares.

La divulgación del video y su contexto han puesto nuevamente en el centro del debate las condiciones de seguridad y control en los centros penitenciarios del país, generando cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas adoptadas para evitar este tipo de situaciones.