Corte IDH declara a Chile responsable por violar derechos contra 135 mapuches que realizaron protestas en la década de los 90′
El tribunal internacional determinó que se criminalizaron “los actos de protesta social pacífica emprendidos por las víctimas en su objetivo de demandar y exigir soluciones”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Chile por violar los derechos humanos de 135 personas de etnia mapuche, que habían sido sometidos a un proceso penal por las acciones emprendidas por el Consejo de Todas las Tierras entre 1989 y 1992.
Recordar que dicho consejo protagonizó varias protestas y acciones de reivindicación de tierras en el Biobío y La Araucanía. Y en 1996, interpuso –junto a comunidades mapuches– una reclamación contra el Estado de Chile, según informó el abogado Roberto Celedón en sus redes sociales.
La Corte Interamericana de DDHH, mañana dictará sentencia en causa del Consejo de Todas las Tierras y comunidades Mapuches contra el Estado de Chile. Interpusimos esta reclamación el año 1996. Esperamos justicia por los 144 Mapuches perseguidos injustamente por el Estado.
De acuerdo a un comunicado, la Corte IDH concluyó que se cometieron irregularidades en el proceso penal dirigido por un ministro en visita extraordinaria designado por la Corte Suprema de Chile, quien formuló la acusación y dictó la sentencia de primera instancia en 1993.
“Sesgo discriminatorio”
En esa línea, sostuvo que la actuación de dicha autoridad “estuvo guiada por un sesgo discriminatorio, prejuicios y la idea preconcebida acerca del carácter ilegítimo e ilegalde la organización Consejo de Todas las Tierras”.
“El proceso penal configuró la criminalización de los actos de protesta social pacífica emprendidos por las víctimas en su objetivo de demandar y exigir soluciones a los reclamos permanentes relacionados con la problemática agraria que ha afectado al Pueblo Mapuche”, añadió la Corte IDH.
Finalmente, se ordenó al Estado de Chile “dejar sin efecto la sentencia condenatoria (...) a la vez que deberá eliminar de los registros públicos los antecedentes penales, policiales y cualquier otro que, a la fecha, se encuentren consignados con relación a la causa penal objeto del proceso”.
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