“Nos parece violento”: ANEF protesta contra Dorothy Pérez por polémico dictamen de Contraloría sobre despidos de funcionarios públicos

La Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) expresó su rechazo al reciente dictamen de la Contraloría General de la República, encabezada por Dorothy Pérez, calificándolo como una “amenaza concreta” que podría propiciar despidos arbitrarios en el Estado.

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Este pronunciamiento de Contraloría cuestiona la interpretación del principio de “confianza legítima”, un aspecto que expertos consideran fundamental en la administración pública que protege a los trabajadores estatales frente a despidos luego de determinado tiempo de servicio.

El presidente de ANEF, José Pérez, se refirió al tema recordando un precedente en 2010, cuando, durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, se produjo el despido de 11.000 funcionarios y afirmó que “aunque no aseguraba el trabajo, sí resguardaba la oportunidad de consultar a Contraloría sobre la continuidad laboral”. Según él, hoy, ese resguardo se pierde por una “postura “violenta para los trabajadores del sector público”.

“Confianza legítima”

En su dictamen, Contraloría estableció que los organismos públicos y los tribunales deben ser quienes determinen si la “confianza legítima” puede aplicarse en casos específicos de trabajadores contratados. “La pretensión de los recurrentes es que se declare la confianza legítima por el tiempo de desempeño a contrata. Sin embargo, las entidades públicas han entendido que esta protección no siempre es aplicable, y cualquier controversia debe ser resuelta por los Tribunales de Justicia”, expresó Contraloría en su pronunciamiento.

En esa línea, Pérez advirtió que, de los casi un millón de trabajadores del Estado, aproximadamente el 70% está en condición de contrata, lo que podría convertir este dictamen en una amenaza laboral para una gran proporción de empleados. “Hoy tenemos esta amenaza concreta que podría derivar en despidos arbitrarios”, afirmó.

Finalmente, ANEF hizo un llamado a la contralora Pérez a reconsiderar su posición. “Esperamos que recapacite, tiene un mandato de 8 años, pero ingresar con esta disposición de afectar derechos fundamentales y colectivos de los funcionarios públicos nos parece violento”, concluyó José Pérez.