Presidente de Guatemala nuevamente perseguido por fiscales acusados de corruptos por EEUU
La fiscalía del país centroamericano pidió a la corte suprema que le quiten la inmunidad al mandatario Bernardo Arévalo, quien asumió en enero de este año.
Ciudad de Guatemala
El Ministerio Público de Guatemala insiste en impedir que el presidente Bernardo Arévalo gobierne al país centroamericano. El mandatario asumió en enero en medio de los intentos de un grupo de fiscales de desconocer su triunfo en las elecciones. Ahora la fiscalía solicitó a la corte suprema que le quite la inmunidad al gobernante para acusarlo de autorizar pagos ilegales a unas empresas constructoras. Entre los persecutores que apuntan al jefe de Estado están algunos sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por actos de corrupción.
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El fiscal Rafael Curruchiche anunció la solicitud ante la suprema de Guatemala y dijo que apuntan a Bernardo Arévalo por delitos de abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y resoluciones contra la constitución. El propio persecutor es acusado por Estados Unidos y la Unión Europea de ser “antidemocrático” y un “corrupto”. El funcionario del ministerio público aseguró que el presidente ordenó a la exministra de comunicaciones, Jazmín de la Vega, el ejecutar los pagos a las cuestionadas constructoras.
Curruchiche aseveró que Bernardo Arévalo habría emitido una orden ilegal para crear un sistema de pagos por fuera de sus atribuciones. El fiscal Curruchiche dijo que el presidente permitió con su firma pagos a contratistas relacionados con el ministerio de comunicaciones, infraestructura y vivienda. La respuesta del gobierno provino de la secretaría de comunicaciones de la presidencia, acusando a al persecutor de decir “disparates” sobre el mandatario.
Esa oficina emitió un comunicado en el que indica que “los disparates del señor Curruchiche no tienen cabida en ninguna acción penal”. El presidente Bernardo Arévalo calificó a los fiscales como “esa minoría corrupta incrustada en el ministerio público y en el sistema de justicia”. Prensa Libre consigna que según los polémicos fiscales existen supuestos indicios de irregularidades y vinculaciones con un miembro jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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