Superintendenta de Electricidad y Combustibles contradice a Enel y sostiene que la empresa no cumplió “oportuna y adecuadamente” sus labores

Marta Cabeza, superintendenta de Electricidad y Combustibles (SEC), conversó con La Prueba de ADN para profundizar sobre todo lo que ha pasado con el tema de al distribución eléctrica y una eventual caducidad de la concesión.

Tras el temporal que afectó a diferentes zonas del país, la falla y corte del suministro eléctrico ha sido tema. Así, conforme al desarrollo de la tramitación y acciones reactivas, desde el Gobierno y la SEC apuntaron que no se cumplió con el ultimátum que se le dio a la empresa Enel. A raíz de esto se avanza en el proceso de caducidad de concesión.

Como primera apreciación, la invitada consignó que “haber avanzado a una siguiente etapa tiene por fundamento que no se pudo corroborar información que ha entregado la empresa. De la misma manera, no cumplió el último plazo”.

“La normativa es clara en señalar que la empresa debe, por obligación legal, dar suministro continuo y de calidad. También hay que verificar el hecho”, explicó, aludiendo a que la restitución del servicio debe ser el adecuado y no responde a soluciones que no sean definitivas.

Así, frente a “información que ha sido poco precisa, poco verificable, nos encontramos en una siguiente etapa”.

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Respuesta de Enel

Desde la compañía emitieron un comunicado respondiendo a los anuncios y la toma de postura que han tenido las autoridades, expresando asombro y visión contraria a lo que está motivando los hechos de sanción.

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Como reacción, la superintendencia explicó el proceso que se está realizando basándose en las normativas, por lo que han comprobado que “en los primeros dos días, al menos el 50% de las llamadas no fueron recibidas”, siendo la primera “acusación normativa”.

Además, hizo hincapié en cómo todo esto ha influido en el día a día de la población, mencionando las complicaciones que significa estar sin energía eléctrica y, aún peor, no tener conocimiento sobre un plazo estimado de reposición.

Por otra parte, cuestionó el comunicado como tal, aludiendo que “está en el ámbito de las comunicaciones”, cuando el foco de la SEC “es en ámbito técnico de la comprobación, del cumplimiento de los estándares normativos”.

Bajo la misma línea, negó que la empresa haya cumplido “oportuna y adecuadamente” con las labores, como se anota en el comunicado. Y es así como se da pie para un siguiente nivel del caso y procedimiento.

Una nueva etapa

La superintendenta comentó que esta nueva etapa “tiene que ver con cómo nosotros verificamos a través de auditorías y otras herramientas que se cumple la norma”.

Todo esto está dentro de la arista fundamental de que hablamos de “empresas reguladas. Todo lo que tienen que hacer está enmarcado en cuerpos normativo, en cuerpos legales. El que tiene la obligación de cumplir esa ley son las propias empresas”.

“El que tiene como rol fiscalizar que eso sea es la SEC”, complementó, destacando que desde el organismo están sacando adelante la tarea que le corresponde y con sus atribuciones adecuadas.

Por otra parte, la autoridad enfatizó que “lo que tiene que ver con la calificación de ‘fuerza mayor’, no es algo que diga la empresa, sino que es algo que postula con argumentos técnicos, y esos se verán en el análisis”, señalando que por el momento no resulta ser una excusa valida.

Lo que viene por delante

Teniendo en cuenta la perspectiva de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y cómo se ha ido avanzando en el proceso, Marta Cabeza aludió a lo que viene ahora en esta nueva etapa en dirección a la caducidad de la concesión.

“Lo que viene es la solicitud que se le ha hecho a la superintendencia de elaborar un informe técnico. El informe técnico tiene que situarse en el cumplimiento de todos los estándares de una empresa (...) verificar los cumplimientos normativos de la calificación de servicio, de la calidad de producto, de la calidad comercial”, precisó.

En cuanto al tiempo, señaló que “hay una cantidad de horas que puede exceder” la empresa respecto al corte del suministro. “Esos son los tiempos que se deben tomar para analizar el comportamiento”.

Así, explicó que a medida que se vayan comprobando los casos y elaborando informes con la ley como base, y los estándares, se considera el cese de la concesión como la máxima sanción, pero considerando también la aplicación de multas.