Ecuador: la justicia reconoce a un río contaminado como sujeto de derechos

Quito de Ecuador

Un río contaminado del Ecuador es defendido en los tribunales como un sujeto de derechos en ese país sudamericano. Las organizaciones sociales interpusieron una demanda de protección del río Machángara, el que atraviesa unos 22 kilómetros de la ciudad de Quito. Se trata de uno de los afluentes más afectados por la acción humana en esa nación, al punto que un estudio confirmó que sus aguas están tan contaminadas como las del alcantarillado de París. Sus aguas son negras, llenas de basura plástica, aguas residuales y diferentes descargas industriales.

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En un proceso de participación ciudadana se reunieron abogados, científicos y civiles para defender al río. En un grupo en WhatsApp se congregaron 50 expertos en diferentes materias para defender al afluente que cruza la capital del Ecuador. Marta Echavarria de Mujeres por el Agua manifestó a El País que “vemos cómo el desarrollo urbano ha convertido a los ríos en basureros y la ausencia de gestión política para tratar esas aguas y lograr un desarrollo sostenible”.

Luego de las evaluaciones decidieron recurrir a la justicia y apostaron por una estrategia que garantiza la constitución ecuatoriana. La carta magna de esa nación permite que cualquier persona represente a la naturaleza cuando sus derechos son vulnerados. El artículo 71 de la Constitución establece que “tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”.

La petición ante los tribunales es la restitución “integral” del río Machángara, la causa fue aceptada y se acogió la demanda de protección en mayo de este año. Los movimientos sociales apuntaron a la violación de derechos del afluente, además de todas las 54 quebradas y riachuelos, que llegan al río. El afluente y las organizaciones ganaron la demanda, pero la Municipalidad de Quito apeló el fallo judicial por estar en contra de los procesos de descontaminación. La sociedad civil ahora apunta a que se cumpla el fallo y se comience a limpiar el agua.

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