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Qué es el protocolo Minnesota, ordenado para la exhumación del conscripto Franco Vargas

Según Francisca Figueroa San Martín, directora subrogante en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, esta investigación es más exhaustiva y es llevada a cabo por profesionales internacionales.

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Agencia UNO | Exhumación de Franco Vargas

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Este jueves, se realizó la exhumación del cuerpo de conscripto Franco Vargas en el Cementerio Canaán de Pudahuel, de la región Metropolitana. Esto, con el fin de efectuar una segunda autopsia que pretende analizar el cuerpo desde la perspectiva del ‘Protocolo de Minnesota’.

¿Qué es el Protocolo de Minnesota?

Se trata de un estándar investigativo internacional, que se utiliza para investigar posibles crímenes de lesa humanidad y así indagar toda muerte en la que el Estado tiene una posible obligación de rendición de cuentas.

Según Francisca Figueroa San Martín, directora subrogante de la unión especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, esta investigación es llevada a cabo por profesionales internacionales de distintas disciplinas.

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“Es de suma relevancia implementarlo, atendido a que se investiga la participación de funcionarios públicos en el hecho que motiva este caso”, aclaró la autoridad, argumentando que al momento del fallecimiento de Franco Vargas, los jóvenes estaban bajo la tutela del Estado.

En esa línea, enfatizó que la aplicación del ‘Protocolo de Minnesota’ no quiere decir que la autopsia realizada en primera instancia sea irregular, sino que es necesario obtener más detalle en estos casos. Por otro lado, precisó que en el caso de la autopsia, el protocolo obliga a ser más exhaustivos.

¿Cuándo se aplica?

La versión actualizada del Protocolo se divide en siete secciones, en las que se establece un proceso para asegurar la investigación de las muertes potencialmente ilícitas y comprende aspectos tales como: objetivo y alcance de la investigación, marco jurídico aplicable, medios para asegurar la ética profesional, procedimiento para llevar a cabo una investigación de una muerte potencialmente ilícita, directrices sobre la escena del crimen y esquemas de autopsias.

Se aplica cuando la muerte de la víctima puede haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes, o puede ser atribuible al Estado, en violación de su obligación de respetar el derecho a la vida: Sobrevino cuando la persona estaba detenida, o se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes; y puede haber sido resultado del incumplimiento por parte del Estado de su obligación de proteger la vida, detalla la Biblioteca del Congreso Nacional.

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