Detienen a trabajador social por posesión y distribución de pornografía infantil: trabajaba en programa contra el abuso sexual de menores
La Policía de Investigación confiscó, entre sus aparatos electrónicos, aproximadamente 250 videos, de los cuales se habían distribuido 63 archivos.
Agencia Uno
Detectives de la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a un trabajador social por su presunta participación en la posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.
En detalle, el hombre de 38 años, quien trabajaba en programas especializados en maltrato y abuso sexual infantil de una fundación reconocida, ha sido acusado de mantener archivos de contenido pornográfico infantil en sus dispositivos electrónicos.
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De hecho, según los informes proporcionados por la PDI, el sospechoso había estado en contacto directo con niños, niñas y adolescentes vulnerables durante más de diez años.
Concretamente, durante el operativo, se confiscaron tres teléfonos celulares, un computador portátil y un disco duro externo, que contenían aproximadamente 250 videos, de los cuales se habían distribuido 63 archivos, según informó el inspector de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana, Nicolás González.
La denuncia
La investigación se inició después de que la madre de una menor de 13 años denunciara que el acusado había contactado a su hija a través de redes sociales, estableciendo conversaciones de naturaleza sexual y concertando un encuentro cara a cara.
“Esta persona habría contactado a la afectada a través de mensajes por redes sociales y otras plataformas, e incluso habría concretado un encuentro presencial”, precisó el inspector González.
En esa línea, explicó que el hombre enfrenta cargos por almacenamiento y distribución de material pornográfico infantil. Además, “la PDI sigue trabajando en el análisis del material encontrado, con el objetivo de descartar que también exista producción de contenido”, cerró.
El acusado permanecerá en prisión preventiva mientras continúa la investigación, con un periodo inicial de 80 días establecido por las autoridades competentes.
