Gobierno de Brasil oficia a Argentina por el paradero de 142 sospechosos de golpe de Estado

Brasilia de Brasil

El gobierno de Brasil ofició al de Argentina sobre el paradero de 142 prófugos de la justicia brasileña, quienes son sospechosos de participar en el intento de golpe de Estado en enero de 2023. El embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, entregó el oficio a la cancillería trasandina el viernes 7 de junio en la capital argentina. El ejecutivo federal de Brasilia solicita que la Casa Rosada informe de la situación de los ultraderechistas brasileros, incluyendo la opción de que el gobierno argentino pueda evaluar otorgarles asilo político por su sintonía ideológica.

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Los brasileños piden que Argentina detalle si los prófugos se encuentran como simples turistas, con algún permiso de residencia o si ya solicitaron ser reconocidos como asilados o refugiados políticos. La Policía Federal de Brasil sigue la pista de los ultraderechistas que huyeron de la justicia, quienes incluso se retiraron las tobilleras electrónicas para escapar. Los sujetos son requeridos por el Supremo Tribunal Federal del gigante sudamericano por sus actos golpistas.

La policía brasilera logró determinar que varios de los prófugos usaron las redes sociales para levantar campañas de recaudación de fondos para seguir escondidos en Argentina. El embajador Bitelli comentó a la prensa que “hemos dejado claro a las autoridades argentinas la seriedad y la gravedad del asunto, eso está muy claro para ellos”. Hasta la fecha las autoridades trasandinas han eludido el tema y vienen comentando que desconocen el caso.

El País precisa que la Policía Federal de Brasil considera que al menos 47 bolsonaristas huyeron a Argentina y ya solicitaron asilo. Ese proceso en territorio trasandino tiene carácter de confidencial, lo que le permitiría al gobierno del ultraderechista Javier Milei a no entregar la información de forma expedita. Los reportes de los investigadores brasileños estiman que hay unos 180 prófugos del caso sobre el frustrado golpe de Estado, algunos en Uruguay y Paraguay.

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