ADN Hoy. Subsecretaria de Educación y críticas por “Anótate en la lista”: “Hasta ahora no tenemos antecedentes que den cuenta de una situación irregular”

Las cosas ocurrieron así: el diario El Mercurio publicó que la empresa de software TetherED, encargada de la implementación de las matrículas para la educación pública “Anótate en la Lista”, ofrecía a los sostenedores (municipalidades, corporaciones o servicios locales de educación pública) servicios adicionales tras el pago de 2,5 unidades de fomento (UF) más IVA, lo que quedaba en $109 mil. Luego, desde el Ministerio de Educación se precisó que TetherED tiene otras ofertas comerciales, las que existían antes de que se quedaran a cargo del “Anótate en la Lista” y que “tienen relación con la automatización de procesos, de manera individual por parte de cada sostenedor, o el abordaje de gestiones internas de los establecimientos educacionales, como es el proceso de matrícula”.

TetherED ofrecía eso en su página web, en un ítem nominado “Plan Prime”, pero desapareció el 8 de abril pasado.

A ello se sumaron dos nuevos antecedentes: que fue contratada, vía trato directo, por la Subsecretaría de Educación en noviembre de 2023 por más de $142 millones; y que el CEO de TetherED, Christopher Neilson fue asesor del Mineduc y creador del Sistema de Admisión Escolar (SAE).

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La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, abordó el caso la mañana de este miércoles en ADN Hoy. Dijo, por ejemplo, que la cartera estatal lleva una investigación “exhaustiva”, pero que, hasta ahora, “no hay una plataforma ‘premium’ asociada al servicio Anótate en la Lista”.

“El servicio Anótate en la Lista es una plataforma que asegura igualdad de condiciones para todos los apoderados al momento de solicitar y asignar vacantes. Nosotros no hemos recibido ninguna denuncia formal de esto, sino que lo que sabemos es a través de comunicados de prensa e información que ha salido a la opinión pública”, desarrolló.

Por lo pronto, los antecedentes fueron solicitados a la empresa, mientras se revisa también el contrato para ver que haya un cumplimiento estricto de las cláusulas de este: “Si identificamos cualquier hecho que sea incumplimiento a las cláusulas del contrato, vamos a aplicar todas las medidas, todas las consecuencias correspondientes y llegaremos hasta las últimas consecuencias (...) No hay ningún servicio que permita saltarse la lista”.

¿Qué es, entonces, eso que ofrece TheterED? “Un servicio adicional que le presta a los sostenedores para otro servicio”: “Hay un servicio, que es Anótate en la Lista y es en el que las familias postulan a los colegios a los que quieren asistir. Ese servicio implica el registro público universal, digital y que permite saber dónde tenemos demanda de matrículas y cómo las iremos asignando. Esas matrículas se asignan exclusivamente por el orden en que las personas se inscriben en la plataforma Anótate en la Lista. Hay otra parte, que la hacen todos los sostenedores, que es viendo cómo ellos hacen correr la lista en sus establecimientos. Eso no es parte de la plataforma, sino de los procesos de gestión de los propios establecimientos que tienen que gestionar su matrícula, la asistencia, las notas (...) Muchos establecimientos hacen esta parte con un informático que tienen en la escuela; otros establecimientos externalizan esto a empresas distintas que proveen este servicio. La empresa que provee el servicio de Anótate en la lista provee este servicio a algunos establecimientos, pero es un servicio distinto, adicional”.

Esos servicios extras, acotó más tarde, “no pueden implicar que haya una alteración o ventaja en el orden de la lista”: son servicios a municipalidades, SLEPs o particulares subvencionados que TheterED ofrecía antes de ser contratada para llevar Anótate en la Lista. Y aunque no hay una denuncia formal, ya se pidieron los antecedentes a la empresa. Los primeros resultados, dijo Arratia, podrían estar el próximo fin de semana, “pero hasta ahora no tenemos antecedentes que den cuenta de una situación irregular, pero esto requiere una investigación”.

Tras despejar eso, quedan dos incógnitas: primero, por qué se asignó vía trato directo; y segundo, la confidencialidad de la base de datos que Mineduc podría haberle pasado. Sobre lo último, la subsecretaria espetó: “La confidencialidad es uno de los puntos claves que estamos investigando; además, hay una cláusula que regula esto. Estos son contratos regulados y una de las cláusulas específicas es la confidencialidad de toda la información a la cual se accede a través del uso de la plataforma”.

Sobre el trato directo, es más circunstancial: cuando en 2023 comenzó el traspaso del sistema de adminisión escolar a un registro público digital, pero ello no estaba considerado en el reglamento vigente. Entonces fue que hubo un cambio de reglamento, el que fue visado por Contraloría en julio. “Con eso había que contratar una empresa o hacer una licitación. Dado los tiempos de desarrollar una plataforma como esta y tenerla disponible para la fecha requerida en base al mandado del reglamento, que era fines de diciembre y principios de enero, no alcanzaban esos tiempos, porque desarrollar una plataforma así es de 12 a 20 meses. En ese contexto se permite el trato directo. La causa (del trato directo) es urgencia”, contó la subsecretaria.