Servicio Local de Educación Pública (SLEP): Gobierno presenta proyecto de ley que apunta a cambios estructurales en el proceso de desmunicipalización

San Joaquín

No eran pequeñas modificaciones, sino cambios estructurales. Ese era el objetivo del ministerio de Educación al momento de darle forma al proyecto de ley que entró al Senado este miércoles, específicamente a la comisión de Educación, y que dispara directamente al Servicio Local de Educación Pública (SLEP), que tantos problemas le generó a la actual administración en 2023.

Sin ir más lejos, la región de Atacama se movilizó el año anterior por las falencias en el mismo proceso de desmunicipalización, que comenzó con problemas de infraestructura y derivó incluso en situaciones de posible nepotismo.

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Es, con todo, una suerte de “saneamiento” municipal antes de la concreción de los traspasos, que fortalecería la educación pública y establecería un estatus de esta como política de Estado. A ello se suma además la obligatoriedad de la transición para municipios que, en caso de incumplimiento de alguno de los requisitos que de esta reforma puedan salir, podría derivar en un caso a Contraloría y en consecuencia, la destitución de funcionarios por abandono de deberes, incluso la del alcalde.

“La nueva educación pública, su implementación y desarrollo, no es solo responsabilidad del ministerio de Educación; es una responsabilidad de todos y todas. En ese contexto, se formaliza la creación de un comité interministerial, con una serie de ministros y ministras que van a estar acompañando este proceso, dándole el estatus que se merece la nueva educación pública. Esta es la reforma más importante que ha enfrentado el país desde el retorno a la democracia a la fecha”, dijo el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

El presidente de la comisión de Educación de la Cámara Alta, Jaime Quintana (PPD) puso luces en los atributos del proyecto, sobre todo en su condición de proyecto: “El Gobierno originalmente había hablado de presentar indicaciones al proyecto de ley de nueva educación pública y finalmente optó por un camino que debiera ser más propicio para los acuerdos, haciéndose cargo de buena parte de las observaciones que no solo los observadores, sino la comunidad educativa, tuvieron muchos problemas de gestión y de calidad educativa”.

En la vereda del frente, su par Gustavo Sanhueza (UDI) advirtió lo requerido para que ocurra, digamos, la política: “En muchos casos (colegios) no cumplen ni siquiera la normativa sanitaria. Eso tiene que ser una política de Estado que esperamos que quede consagrada y podamos mejorar a través de estas modificaciones a la ley que tuvimos mucho tiempo esperando. Esperamos que podamos tener una discusión fructífera”.

Participación, convivencia educativa, apoyo pedagógico, gestión, gobernanza, infraestructura, y gestión y traspaso, son los siete ejes de la propuesta.