ADN Hoy. Asociación de Magistrados asegura que “hay transparencia” en nombramientos de jueces, pero insta a un nuevo modelo “blindado” del mundo político

Chile

Las conversaciones de WhatsApp de Luis Hermosilla en su teléfono celular, que la Fiscalía Metropolitana Oriente se encuentra revisando por el llamado “Caso Audios”, mostró la influencia del jurista en un mundo tan hermético como el de los jueces y magistrados: en 2021 pujó, según un reportaje de Ciper, por el nombramiento de Jean Pierre Matus a la Corte Suprema; el mismo año, habría incidido para que ocurriera lo mismo con Antonio Ulloa, pero en la Corte de Apelaciones.

Los antecedentes reflotaron un debate que en Chile tiene larga data, llegando incluso a los años de la transición: el nombramiento de jueces y magistrados. Es la instancia para, “de una vez por todas, una reforma profunda al poder judicial”, dijo Mariela Hernández, vocera de la Asociación de Magistradas y Magistrados de Chile, la mañana de este martes en ADN Hoy.

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Y agregó después: “Llevamos años trabajando, y hemos sostenido la necesidad de separar las funciones administrativas de aquellas que no lo son y que, en definitiva, los jueces y juezas deben dedicarse, que es la labor jurisdiccional. Es una instancia que debe ser aprovechada para hacer una reforma importante, significativa, a las facultades que llamamos ‘no jurisdiccionales’: las facultades administrativas que hoy dependen de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Dentro de eso está el sistema de nombramiento, que creemos que debe ser modificado, tal como se trabajó en los procesos constituyentes que pasaron y que la Asociación de Magistrado lleva trabajando y levantando esta necesidad de una reforma profunda al Poder Judicial”.

Para esta jornada, se espera un pronunciamiento de la Suprema al respecto. Más allá de ellos, acotó Hernández, el camino por el cual avanzar debe ser “una modificación al régimen del gobierno judicial propiamente tal: la Corte Suprema ha evolucionado en los años respecto a la postura que tiene en cuanto a Gobierno judicial y hemos visto, gratamente, cómo se ha acercado bastante a las grandes demandas que la asociación de magistrados ha planteado”.

“Independiente de lo que hoy resuelva, que es determinante, a nosotros nos interesa a largo plazo, y que es la reforma como tal del gobierno judicial. Eso es lo que, por esta contingencia, para nosotros es lo más importante, lo más determinante y en lo que debemos concentrarnos: aprovechar esta instancia para realizar una modificación profunda al poder judicial. Y así lo han planteado la Corte Suprema y la Asociación, en especial en el proceso constitucional que pasó”, precisó luego.

Desde la Asociación miran como referencia el modelo portugués, donde “existe una participación mayoritaria de jueces elegidos por sus pares”. Aunque la propuesta de esta parte del mundo es la de un consejo único “integrado por académicos y representantes del mundo político, porque se entiende que debe existir un contrapeso y que permite darle mayor transparencia”.

En la misma línea, la vocera de la Asociación aseguró que “no se puede garantizar por ningún modelo” la permeabilidad del proceso de selección de magistradas y magistrados. Por lo que se puede abogar es por mecanismos de transparencia: “Hoy hay transparencia, pero no lo suficiente. Aquí tenemos un proceso donde los jueces y juezas pasamos por distintas etapas. Estos llamados no nos sorprenden, pero sí nos da las herramientas para pedir una modificación profunda. Pero el proceso de selección sigue siendo, dentro de todo lo cuestionado y criticado, transparente (...), debe haber, además, mayor transparencia al momento de designar a las personas que conforman las ternas o quinas”.

“Tenemos que trabajar hacia un modelo que evite y que pueda blindar toda injerencia del mundo político sin tener algo claro: que tiene que haber un contrapeso en quien esté a cargo del nombramiento de jueces y juezas, por una democracia sana, saludable. Los requisitos tienen que estar previamente establecidos y deben ser de la forma más transparente posible (...) No debemos olvidar que los jueces somos garantes del Estado de Derecho a través del principio de independencia judicial, que está relacionada a que el juez, al momento de resolverlo, tiene que hacerlo sujetándose única y exclusivamente a la ley, estar exento de cualquier influencia política o externa que pueda significar que falle de una forma u otra, porque entre otros, la persona que está a cargo de su nombramiento es la que puede hacer algún tipo de presiones al momento del nombramiento, las calificaciones o la responsabilidad que pueda tener en materias disciplinarias”.