Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Perú por contaminación de empresa metalúrgica

San José de Costa Rica

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado del Perú por la grave contaminación que enfrenta por años la comunidad de La Oroya. En esa localidad del departamento de Junín el Complejo Metalúrgico La Oroya (CMLO) provocó que esa ciudad de unos 20.000 habitantes se convirtiera en una de las diez más contaminadas en el mundo. El tribunal internacional determinó que la empresa del Grupo Renco de Estados Unidos provocó incluso la “presencia de metales en la sangre de la población”, incluyendo el plomo.

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La resolución de la Corte IDH establece que la empresa metalúrgica viene causando “un impacto significativo en el medio ambiente”. El texto agrega que “la contaminación del aire en La Oroya ha superado considerablemente los respectivos lineamientos de la calidad del aire establecidos en la legislación nacional peruana”. El fallo del tribunal vinculado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) recalca que “el Estado incumplió con su deber de regulación y fiscalización de las actividades del CMLO”. La entidad también apuntó a la falta de respuesta sanitaria en esa localidad.

En el caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el Estado del Perú incluso no entregó la asistencia médica que requerían las víctimas de la contaminación que deja la metalúrgica. La decisión del tribunal incluye la orden al país sudamericano para que determine el estado de la contaminación del aire, agua y suelo en la localidad de La Oroya. La revisión tiene que incluir un plan de reparación de los daños ambientales en la zona.

Desde la CIDH ordenaron al Perú que compatibilice la norma sobre la calidad del aire. De esa forma los valores máximos permitidos de arsénico, cadmio, dióxido de azufre, mercurio, plomo y material particulado no superen los niveles que protegen el medio ambiente y a las personas. La República informa que según una de las víctimas contaminada con metales pesados esperaron “décadas para que nuestra salud sea atendida y la calidad de aire y agua en La Oroya sea la mejor. Por fin una instancia internacional está obligando al Estado a que cumpla con nosotros”.

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