CDE interpone querella criminal contra representante legal de fundación ProCultura

Este martes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal en contra de María Constanza Gómez, representante legal de fundación ProCultura.

Según el organismo, Gómez es sindicada como autora del delito consumado de apropiación indebida, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder a otras personas y a la querellada por otros hechos y delitos.

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El ilícito se habría configurado mediante la suscripción de cuatro convenios de transferencias de recursos entre la mencionada fundación y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, en el marco del Programa de Asentamientos Precarios de la región, a los que se añadió un quinto convenio correspondiente al Programa de Recuperación de Barrios, por la suma total de $545 millones.

Estos recursos apuntaban a la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria en los campamentos “Moisés”, “Betzabet”, “Arca de la Alianza” e “Israel”, además de la implementación de la primera fase de recuperación del barrio “Villa Chica”, de la comuna de Antofagasta.

De acuerdo con la investigación, una vez suscritos y aprobados los convenios, se procedió a transferir sin más trámite y en una sola cuota los recursos fiscales a la fundación ProCultura.

Sin embargo, en el transcurso del plazo otorgado para la ejecución de las actividades comprometidas, se detectó una serie de incumplimientos de carácter grave y/o reiterados, tanto en el avance físico como en la rendición financiera de las iniciativas, lo que conllevó que la Seremi de Vivienda procediera a ponerles término anticipado.

Entre las observaciones en que se fundaron dichas resoluciones, la querella del CDE señala que se incluye el arriendo de oficinas por parte de Procultura, “cuyo valor excedía con creces el valor de mercado, sin que ninguna autoridad competente en los convenios autorizara dicho gasto”.

Asimismo, se detectaron errores contables reiterados; cronogramas y planes de trabajo no aprobados por el Serviu; inexistencia de rendiciones financieras aprobadas y rendiciones técnicas aprobadas sin alcances solo hasta abril de 2023, resultando evidente el retraso en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la fundación a

La querella afirma que a María Constanza Gómez le correspondía devolver de forma íntegra e inmediata de los fondos liquidados, lo cual no ocurrió.