Región Metropolitana

Dos agricultores fueron baleados el sábado pasado, en la Ruta 66-G, a la altura del cruce Malloa, en la región de O’Higgins. Hubo también un joven herido. Los cuatro autores del crimen, todos de nacionalidad venezolana, fueron detenidos por Carabineros en la Ruta 5 Sur. El domingo fueron formalizados por doble homicidio y robo. “Guarda relación con los mercados ilícitos. Estas organizaciones buscan, finalmente, lucro o dinero. Por tanto, empiezan a aprovechar los mercados disponibles a su país”.

Fue la explicación que dio el fiscal Héctor Barros la mañana de este lunes, en ADN Hoy. Pese a que su rol como fiscal regional metropolitano sur y coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la zona lo deja fuera de las indagatorias de este hecho, la experiencia le permite esbozar ciertas hipótesis que parecieran ser confirmadas con el tiempo: “Chile es un país muy atractivo en esta materia: hemos visto a organizaciones dedicadas al robo de aparatos telefónicos, algunas estafas o fraudes a través de algunas aplicaciones para sustraer dinero; vehículos robados, etcétera”.

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A juicio del persecutor, el origen de este hecho podría ser el dinero visto en Lo Valledor que, a su juicio, podría resultar atractivo para estos hechos. Pero como fenómeno, “viene a marcar un paso más dentro de lo que esperábamos: que las víctimas ya no se van a reducir a extranjeros que se atacaban entre sí, sino que a la población nacional que se desempeña en ciertas actividades donde para ellos hay nichos comerciales que les pueden generar grandes cantidades de dinero (...) Es indudable que es un paso más, pero es un paso esperable”.

Y pese a lo inevitable del desarrollo de estos hechos, estas acciones son “en razón de los mercados que puedan tener. Por tanto, cometerán los ilícitos que requieran cometer para efectos de lograr dinero: asesinando personas”: “(Hasta ahora se habían asesinado entre ellos) cobrándose impuestos a las otras organizaciones que están delinquiendo. Por ello, les tienen que tributar a las grandes organizaciones, como el Tren de Aragua”.

A los agricultores también se suma el secuestro del empresario metalúrgico rancagüino. Es, finalmente, un cambio del fenómeno criminal.

“Estos sujetos deberían pertenecer a una organización transnacional bastante poderosa y, por tanto, ellos actúan en base a lo que sea necesario para efectos de conseguir lo que se les pide, tanto para conseguir para ellos y sus bienes, pero también para tributar a las organizaciones detrás de ellos”, teorizó el persecutor.

Casas de secuestros en Maipú

Dos inmuebles usados para la retención de víctimas fueron allanados hace algunos días. Ello derivó en el cese de los secuestros en la capital. Pero en la línea de atacar el fenómeno, es ahí donde se debe poner el foco, a juicio de Barros: “Organizaciones internacionales que trabajan en distintos territorios donde las víctimas habían sido nacionales. Pero hay dos fenómenos distintos: la nacional y la transnacional”.

Así las cosas, se hace la distinción entre la criminalidad nacional y la transnacional: la primera “es más fácil abordarla, toda vez que hablamos de personas que conocemos, que podemos conocer su entorno familiar, el territorio en el que se desplazan, los bienes que van adquiriendo, etcétera”.

La transnacional, en tanto, explicó el fiscal, “no tienen territorio determinado, operan en distintos lugares, dependiendo de dónde esté el mercado que requieran; no sabemos quiénes son porque están todos prácticamente en situación irregular, lo que complejiza las cosas: no sabemos si es avezado, primerizo, toda vez que no sabemos puede haber tenido antecedentes penales pretéritos”.

A su juicio, hay también una correlación con la inmigración explosiva e irregular: “Se desplazan con toda su cultura, y también la delictual, donde en Centro América los fenómenos criminales son de mucho mayor calibre que los que teníamos a nivel nacional, por un lado, pero donde la tortura y el secuestro son el pan de cada día y donde estos fenómenos para ellos son profundamente normales”.

“Una de las cosas que nos llama poderosamente la atención es que tanto victimarios como víctimas no muestran ningún sentimiento, ninguna situación de arrepentimiento, aceptan casi la muerte y los victimarios es como darle muerte a cualquier cosa, sin consideración de la persona que están matando”, acotó luego.

Así las cosas, apunta a dos soluciones: primero, a la documentación, y segundo, al uso de nuevas tecnologías.

El viaje del subsecretario Manuel Monsalve a Venezuela a firmar un acuerdo de cooperación para combatir el crimen organizado, destacó el fiscal Héctor Barros, “sería un gran avance para las investigaciones”. Aunque “he planteado en reuniones con las autoridades en que hay que tomar una decisión respecto a la migración: o los legalizamos a todos, aunque sea con nombres falsos o mentiras en antecedentes penales (...); o los expulsamos a todos, que se ve mucho más difícil. Pareciera ser que legalizar la situación de todos parece más factible para combatir la criminalidad”.

Destacó, entonces, la propuesta de registro biométrico. Con todo, será este caso “uno donde veremos si funcionó o no el acuerdo”: “No podemos seguir en un mundo gris en cuanto a no tomar ninguna de las dos decisiones, que es lo que nos está llevando a los problemas que tenemos actualmente”.

Hacia el final, señaló: “Fueron bastante importantes (descubrirlas), toda vez que hace bastante tiempo buscábamos con las policías esos inmuebles en Maipú. Fuimos determinando también las causas detrás de los secuestros, que eran dos: una, que no estaban tributando las organizaciones que operaban en Chile a organizaciones mayores, como el Tren de Aragua. Hubo el secuestro del líder también, que operaba en Providencia, con los motochorros, y que terminó pagando $120 millones. El otro: que los ciudadanos colombianos y venezolanos han operado en la venta de la ketamina. Ahí hay una fijación de precios, reglas del mercado, en que uno no tenga ventaja comparativa con otro. Ahí hubo una disputa entre venezolanos y colombianos, toda vez que los colombianos cobraban menos por el valor de la ketamina, que solucionaban a través del secuestro y los homicidios”.

Crimen nacional y crimen transnacional

¿Qué ocurriría con los crímenes al momento de mezclarse? Dijo Barros: “Que efectivamente se produjeran enfrentamiento entre ambas organizaciones; que una terminara instrumentalizando a la otra a través de la contratación; o que terminaran dividiendo los mercados ilícitos para o agredirse”.

A la fecha, apuntó el persecutor, “es un contagio de las organizaciones delictuales nacionales, toda vez que ha aumentado considerablemente la violencia”: “Se ha producido un contagio de las organizaciones transnacionales a las nacionales a través del uso de armas de fuego, pero además de la utilización (...) No hemos tenido todavía secuestros de estas características en las organizaciones nacionales”.

Siguió después: “Pero además las organizaciones nacionales están contratando delincuencia transnacional para efectos de la ejecución, los sicarios. Ahí tenemos el caso de Pedro Aguirre Cerda, donde asesinaron a una niña de 13 años, donde los tiradores son extranjeros contratados por el líder de una organización territorial (...) La delincuencia transnacional mira a la nuestra como muy ingenua, y por tanto no tienen la violencia ni la falta de código que tienen ellos: antiguamente, asesinaban a un menor de edad y a los 10 minutos empezaban a llamar a las policías para entregar información. Hoy eso no está ocurriendo y, por tanto, ahí se ve la mutación y el contagio”.

Muertes

En los últimos dos meses, siete menores de edad han sido asesinados, aunque solo uno de ellos fue objetivo de un ataque. El fiscal Barros apuntó a consecuencias de conflictos entre bandas. Aunque “la cifra (de homicidios en total) es mayor”: “De hecho, en los homicidios en la RM solo que ha visto el equipo ECOH en todo el mes de enero, llevamos 31 que estamos investigando”.

Apuntó a un trabajo de Estado: “Ya no es suficiente que la fiscalía con las policías ingresen a los domicilios, allanen, se lleven a los narcotraficantes o los autores y posteriormente el estado deje de existir y se vaya a la casa, porque tendremos ahí una organización que se armará a los pocos días y seguirá operando igual. Lo que tenemos que tener ahí es que una vez que salga la policía y la fiscalía, se produzca el ingreso de la gobernación, los alcaldes, el ministerio del Interior, la ayuda social y una serie de medidas que se pueden adoptar”.