Permisos de inversión

“No vamos a postergar más la discusión de estas medidas porque cada día que pasa en que se demora en adoptar estas medidas son decenas, cientos o millones de dólares que se pierden en materia de fraude tributario. Y después del rechazo a la reforma tributaria, no vamos a darle más tiempo a quienes evaden o abusan del sistema tributario”.

La frase la dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la mañana de este martes en La Moneda, luego de presentar el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, la segunda iniciativa del pacto fiscal, luego de la que apunta a reducir los tiempos de tramitación de permisos para inversión (la llamada “permisología”).

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Marcel señaló que el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias “tiene un vínculo directo con la discusión actual de reforma previsional, y, por otro lado, materializa una de las iniciativas importantes en materia de generación de mayores ingresos para el Estado”. En ese sentido, puso, a modo de contexto, el megafraude tributario, que significó una evasión de cerca de US$250 millones; o el caso Factop, con facturas falsas por cerca de $13 mil millones. Graficó el secretario de Estado:

“Pensemos que los $240 mil millones defraudados en el megafraude equivalen a tres hospitales de alta complejidad, 25 Cesfam y 15 liceos. Esa es la magnitud de una operación en particular a través de una red que se organizó para emitir facturas falsas y con ellas, obtener beneficios de devolución de impuestos a las exportaciones y para comercializarlas con empresas que buscaban con esta vía imputar costos que sus empresas no habían asumido”.

“(Las obligaciones tributarias) están normadas por la ley y no es aceptable ni tolerable que algunos contribuyentes reduzcan de manera ilícita su carga tributaria mediante la comisión de delitos tributarios o la planificación tributaria agresiva”, acotó.

El diagnóstico de Hacienda es que existe una parte de evasión “consciente y doloso de la ley”; otra parte sería por una “planificación tributaria agresiva, conocida como elusión”; y existe un tercer argumento, por “omisión o subdeclaración por desconocimiento de las normas y regulaciones, sin intención fraudulenta”. Así las cosas, la iniciativa del Ejecutivo apunta a actuar en esos tres niveles desde cuatro ángulos.

Ejes de trabajo

El primer ángulo apunta a “levantar datos y generar evidencia en materia de cumplimiento tributario”, explicó Marcel, a fin de que el fiscalizar pueda detectar y encontrar evidencias para presentar eventuales querellas. El segundo es modernizar los procesos de fiscalización (manejo de bases de dato, inteligencia artificial y comunicación con el contribuyente); nula tolerancia con el contribuyente que cometa conductas elusivas y evasivas; y apoyar a los contribuyentes facilitando la comprensión de las obligaciones tributarias.

Estos mismos ángulos tendrán siete ejes temáticos: modernización de administración tributaria; control de la informalidad; la tipificación y sanción de los delitos tributarios; lo mismo respecto a la planificación tributaria agresiva; otorgar nuevas facultades a la defensoría del contribuyente; facilitar la regularización de las obligaciones tributarias; y fortalecer las instituciones de fiscalización tributaria y la probidad al interior de las mismas.

“Se busca recaudar el equivalente al 1,5% del PIB, lo que permitiría reducir en un cuarto (25%) la brecha de cumplimiento tributario y permitiría generar los recursos, no solo para financiar el incremento de la Pensión Garantizada Universal, sino también para absorber los costos de otros componentes de la reforma previsional y completar los recursos necesarios para el incremento de inversión en seguridad ciudadana en US$1.500 millones”, señaló el titular de Hacienda.

Así, los siete ejes comprenden cerca de 40 iniciativas, que consideran, por ejemplo, la modernización tributaria y de tribunales tributarios y aduaneros; un nuevo procedimiento para el levantamiento del secreto bancario; el control de la informalidad vía proveedores de pago de tarjetas de créditos, de las plataformas que permitan la venta de bienes y servicios a terceros, y los organismos públicos, exigiendo siempre, por ejemplo, que las instituciones financieras informen cuando un contribuyente reciba más de 50 transferencias de distintos contribuyentes en un mes. También “se incrementan sanciones a quienes faciliten o utilicen documentos tributarios falsos”: “La factura falsa es sancionada independientemente del uso que se le dé. Emitir facturas falsas hacen un delito, cualquiera sea el propósito de la persona o la empresa”.

También eliminaría espacios de planificación tributaria agresiva en donaciones a partes relacionadas. El encargado de la billetera fiscal resumió:

“La lógica del proyecto no es solo endurecer sanciones, sino que por un lado, entregar recursos y capacidades a los organismos fiscalizadores para poder fiscalizar mejor, y por otro lado, generar mecanismos de apoyos a los contribuyentes para que conozcan mejor sus obligaciones, puedan cumplir con ellas y se puedan poner al día cuando están en situación de incumplimiento”.

El proyecto entrará la próxima semana a la Cámara de Diputadas y Diputados, junto con un informe económico, para ser discutido al regreso del receso parlamentario. “Esperamos que tenga una tramitación rápida”, cerró Marcel, antes de graficar que la PGU tiene costo de 1,2% del PIB; el proyecto quiere recaudar 1,5%; el 0,3% iría a seguridad.