Chile

Comunidades indígenas del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) bloquearon los accesos al salar de atacama, el 12 de enero pasado, como protesta por el acuerdo de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y SQM para producir hasta 300 mil toneladas de carbonato de litio hasta 2060, como parte de la Estrategia Nacional del Litio del Gobierno. El domingo 14 de enero, SQM informó la suspensión de las faenas en el lugar, como respuesta al actuar de los manifestantes.

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Incluso desde el Sindicato Andino de Trabajadores Rol General y Rol Supervisor de SQM calificaron la manifestación como un “secuestro”, pues había 450 trabajadores en el Campamento Andino de SQM que no podían salir de la zona.

“Las comunidades no son accionistas, entonces no tienen que ser informadas en detalle. Nadie ha sido informado en detalle, salvo lo que ha salido en la prensa. Por lo tanto, las comunidades no pueden ser informadas anterior a que se alcancen los acuerdos porque estaría en contra de la ley: le estarían entregando información privilegiada para comprar acciones de empresas, a sabiendas que se producirán ciertos acuerdos y cuándo. En ese punto, ellos no tienen razón”, resumió Gustavo Lagos, académico del departamento de Minería de la Universidad Católica, este lunes en ADN Hoy.

Los acuerdos de este tipo, precisó luego, “como todos los acuerdos entre dos compañías que están negociando su fusión, su acercamiento, compra o venta, son absolutamente privadas, secretas”, zanjó. Lo anterior, pues sería “tener esa información privilegiada”. En la misma línea, la firma de accionistas de marzo próximo “también es reservado”, aseveró, “porque también va a afectar el valor de la bolsa. Imagínese si fuera público y entregárselo a una asociación, cualquiera, o a otros privados o personas naturales, está fuera de la ley. No se puede”.

Hay, a su juicio, una razón de fondo, si se quiere, histórica: “El Estado le ha prestado poca atención a los pueblos originarios en el pasado. El reclamo viene por ese lado, no por otros. En este momento hay apostados en las cuentas de Corfo decenas de millones de dólares, yo creo que más de US$ millones, destinado a los pueblos atacameños que se tomaron el camino y que no han sido liberados porque entiendo que no hay consenso respecto al mecanismo que debe usarse para usarlo. Pero esos recursos fueron entregados por SQM a los pueblos originarios y están ahí. A lo mejor tiene que ver con eso, con que esos recursos están trancados. Eso es responsabilidad de Corfo, del Estado y de la Asociación de Pueblos Originarios”.

En la misma línea, calculó que solo en la Asociación habría unas cinco mil personas involucradas.

Críticas

Más allá del actuar de los pueblos atacameños, las críticas en el debate público han apuntado a la forma en que se llegó al acuerdo, que habría sido sin considerar una licitación internacional. Lagos explicó:

“La licitación estaba estipulada en el convenio, pero había cláusulas que permitían no tener la licitación. Entonces esto no es ilegal, no es que esté irregular. Lo otro: cuando hay una transacción entre dos empresas, imagínese que alguien estuviera comprando una parte de (minera) Escondida. Ella no licita; hay un acercamiento de mercado, conocen las cosas, los precios, los valores y las conversaciones son súper secretas hasta que se libera la información por el mismo motivo. No es raro. Sobre todo, entendiendo que el número de empresas que hubieran participado en una licitación internacional, si es que hubieran sido rigurosos, no son más de cuatro o cinco en el mundo. Una de ellas es SQM, la otra es Albemarle”.

En la misma línea, prosiguió: “Esta es tecnología de extracción que mucha gente dice que es muy fácil, pero no, no es tan fácil. Si no, vaya a preguntarle a los argentinos. ¿Cuáles son las compañías que han estado en el pasado extrayendo litio de salares? Son cuatro o cinco compañías en el mundo, de las cuales, dos de ellas están en el salar de Atacama, que son SQM y Albemarle”.

Hacia el final del diálogo, también destacó la urgencia para la misma explotación del litio: “Codelco, con este acuerdo, se mete el año 2025 al Estado, tiene beneficios extra, que no tenía antes, porque los pagos que tenía que hacer se producen cinco o seis años antes. Eso tiene un valor enorme. Además, se aumenta la producción, lo que tiene un valor adicional. Además, un hecho que está muy estudiado, si hubiera habido una tercera empresa, no SQM, la ganadora de la licitación, lo más probable es que hubiéramos tenido un valle, una laguna de producción, de cuatro a cinco años, por temas ambientales y de cuotéo”.

“Una de las exigencias que habría que hacer en una licitación es que cualquiera que ganara, si no es SQM, tendría que garantizarle al fisco los ingresos correspondiente a los impuestos de una producción de 200 mil toneladas a partir de 2031. Eso ya no fue, a menos que alguna empresa le haga una oferta a Corfo o a Codelco antes que se firme el pacto de accionistas (porque por ahora es un memorándum de entendimiento). Queda un mes y tanto”, planteó luego.

¿En qué pie queda, entonces, la iniciativa de desarrollar una Empresa Nacional del Litio, similar a Codelco? Para Lagos, queda descartado “porque además de esto, todas las otras transacciones están con Codelco o Enap, y no con la Empresa Nacional del Litio que, a la hora de formase, si hay acuerdo, no va a tener más que hacer, porque va a tener todo el terreno ocupado”.