Alcaldes presentan al Gobierno propuesta para que “casas-narco” pasen a control municipal: estos son los tres ejes
Este jueves se reunirán con el fiscal nacional, Ángel Valencia, a la vez que llega como indicación en el debate legislativo.
Agencia Uno / Diego Martin
Chile
La alcaldesa Karina Delfino, de Quinta Normal, se reía la mañana de este miércoles cuando se acordaba del entusiasmo de su par de Cerro Navia, Mauro Tamayo, el 1 de enero: la llamó a ella, a Carolina Leitao, de Peñalolén, y a Javiera Reyes, de Lo Espejo, para proponerles que las casas ligadas al narcotráfico quedaran bajo administración o control de las municipalidades. Y esta jornada, la estrategia llegó al Ejecutivo.
Los ediles, junto a sus pares de San Ramón, San Miguel, San Joaquín y más, se reunieron con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, para que el traspaso de los inmuebles se transforme en una política nacional. Y Vergara, acusando recibo, aseguró que será este jueves que se le presentará la estrategia al fiscal nacional, Ángel Valencia.
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Los puntos
Vergara explicó que esta avanzada de la idea tiene tres ejes: primero, que se unifiquen los ciretrios para que las viviendas usadas y adquiridas por el narco pasen a manos del municipio y así, que sea una política para todos. En esa línea, el jueves se le entregará un protocolo a Valencia.
En paralelo, se ingresará al actual debate en la Cámara de Diputadas y Diputados una indicación para que “clarifique el uso y que sea de uso comunitario, que vaya más allá de la prevención del consumo de drogas y amplíe la finalidad del uso de los inmuebles”, acotó la autoridad. Dicha indicación se presentará este miércoles. En esa línea, que sean dos posibilidades: que el uso de la vivienda sea permanente o provisional. Y por último, en caso de ser este último el argumento, sea “parte del patrimonio municipal para los usos que se estimen pertinentes”.
“Para avanzar en seguridad no se trata solo de destruir; muchas veces viviendas que es necesario echarlas abajo, sino que el espíritu para avanzar en seguridad como derecho, y no como privilegio, es necesario construir. Ese es el espíritu de alcaldes y alcaldesas de todo Chile”, resumió Vergara.
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Por su parte, el alcalde Tamayo apuntó a que “solo se requiere decisión, voluntad por parte de quienes intervienen en esa decisión”. ¿La razón? El orden de la solicitud: si logró conseguir las viviendas para Cerro Navia fue por vía Ley 20 Mil: “Se requirió un fiscal que pidiese al tribunal que entregara de forma provisional esta propiedad a la municipalidad de Cerro Navia. Hubo un tribunal que decidió aceptar esa solicitud; y tercero, equipos municipales para transformar en una base del Plan Cuadrante municipal, un espacio de seguridad para vecinos y vecinas. El fiscal nacional aceptó visitar Cerro Navia (este jueves) para conocer la experiencia y dialogar con todos los fiscales a nivel nacional que lleven casos de droga para que no sea excepcional, sino que se replique y articule con las capacidades y fuerzas municipales, a objeto de quitarle espacio al delito y a las drogas, y conseguir avances. Que los vecinos perciban que se rompa la cadena”.
Por su parte, la alcaldesa Delfino puso el foco en que esos inmuebles no solo están vinculados a las drogas, sino también a fuegos artificiales, balaceras, riñas y más. Así, el plan pretende “que se establezca que será destinado a los municipios, que hoy queda en la voluntad, pero con el cambio de la legislación quedará para uso comunitario, que permitiría otras iniciativas, como salud, educación, deportes, etcétera”.
De 2022 a 2023 en prevención del delito los recursos subieron 65%; en 2022 se financiaban a 40 municipios, en 2023 ya se financian a 233; y en 2024 se terminará un ciclo de dos años en que se financiará al 100% de los municipios, en base a un índice de vulnerabilidad sociodelictual, sin concursar.
