Caso Espionaje: declaran admisible querella del INDH contra Schafik Nazal y Juan Poblete por vejaciones injustas
La acción contempla la intervención telefónica de 10 personas, entre ellas el exuniformado Rafael Harvey y el periodista Mauricio Weibel, por las indagatorias del caso llamado “Milicogate”.
Agencia Uno
Chile
Este sábado se conoció que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella criminal presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por el delito de vejaciones injustas, hasta ahora en contra de Schafik Nazal, exdirector de Inteligencia del Ejército, y Juan Antonio Poblete, exministro de la Corte de Apelaciones, en el marco del caso conocido como “Caso Espionaje” y “Operación Topógrafo”, relativa al espionaje de personas que indagaban en los hechos de corrupción al interior de las Fuerzas Armadas.
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La querella considera las interceptaciones telefónicas de Rafael Harvey, Carlos Farías, Tatiana Astorga, Mauricio Weibel, Sergio Tudesca, María Gladys Valenzuela, Luis Mitchel Zamorano, Hugo Humberto Julio, Miriam Ingles e Hiram Alberto Padilla, desde 2017, en el marco de las indagatorias por el uso de gastos reservados dentro de la institución castrense. O también conocido como “Milicogate”.
El último capítulo de este caso ocurrió el pasado 12 de diciembre, luego que las Cortes de Apelaciones de Santiago y Copiapó ordenaran la detención de Juan Antonio Poblete, quien habría autorizado intervenir los teléfonos móviles de los involucrados, en diferentes grados.
Antecedentes
En mayo pasado se formalizó a Poblete y Nazal por falsificación de instrumentos públicos e interceptación de comunicaciones telefónicas privadas ejecutadas en contra de periodistas y exmilitares que denunciaron corrupción al interior de la institución castrense.
Desde 2013 Poblese se desempeñaba como juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de un periodo en el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. En 2020 fue trasladado a Copiapó, producto de una investigación administrativa en la que se constató que se encontraba con una “imposibilidad manifiesta de ejercer su función en esa corte, en atención a su elevada carga laboral”. En concreto, Poblete se había demorado en la redacción y posterior entrega de 80 fallos que le correspondían.
