Muertos en manos de agentes estatales siguen al alza en El Salvador
Una organización no gubernamental denuncia que el régimen de Nayib Bukele acumula ya 183 personas fallecidas mientras estaban bajo la custodia de fuerzas de seguridad.
El Estado de El Salvador aparece como el responsable de al menos 183 muertos en custodia de agentes estatales. Una organización no gubernamental denunció las violaciones a los derechos humanos del gobierno de Nayib Bukele. El domingo se informó que otras cuatro personas fallecieron en régimen de detención, como parte del régimen de excepción en ese país centroamericano.
Las organizaciones Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) expusieron lo ocurrido en El Salvador. La primera de esas dos ONG indicó que “se reportan cuatro muertos en dos días dentro de centros penales”. Los muertos son tres hombres y una mujer: Angélica Umaña, Jaime Colindres, José Canizales y Gonzalo Reyes.
La SJH expuso que ninguno de los muertos tuvo derecho a una defensa antes de ser detenidos, ninguno tuvo una audiencia ante un tribunal y menos alguna condena. La ONG enfatiza que los cuatro no contaban con antecedentes de ser parte de pandillas y que “se les presumió culpables desde el inicio”. El mismo organismo recalcó que “el Estado los mató”.
El Movir denunció que Angélica Umaña murió “ahorcada” en una celda y que Gonzalo Reyes falleció en la cárcel por “las condiciones” en que viven los presos en El Salvador. El régimen de Nayib Bukele estableció estado de excepción desde marzo de 2022 y se suman las acusaciones de violaciones a los derechos humanos. El gobierno de Estados Unidos es crítico de esta medida y sus consecuencias.
Deutsche Welle informa que las organizaciones de El Salvador en defensa de los derechos humanos registraron al menos 183 muertes de personas bajo custodia de agentes de seguridad. El régimen de excepción suspende garantías constitucionales y facultó al gobierno la captura masiva de personas, incluyendo inocentes. Hasta la fecha se contabilizan unas 73.800 detenciones y sólo 7.000 fueron puestos en libertad condicional.
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